Anticorrupción

El Área Anticorrupción del CEJ está orientada a fortalecer el desarrollo de reformas en favor del mejoramiento de la calidad institucional y los índices de gobernabilidad, apuntando al conjunto de herramientas y políticas en materia de transparencia, gestión institucional y participación ciudadana. Corrupción y democracia dan cuenta de relaciones sociales cuyos vínculos se cristalizan dentro del aparato estatal, por lo cual los esfuerzos del CEJ se dirigen a disminuir la corrupción y fortalecer la democracia.

Buscamos fomentar la institucionalidad de la lucha contra la corrupción, promoviendo políticas públicas con objetivos y metodologías claras, que permitan mejorar el impacto de la inversión pública para el desarrollo social. Buscamos disminuir los riesgos de corrupción en la ejecución de programas sociales implementados por el estado paraguayo con acciones que promuevan una gestión con calidad, contribuyendo así al impacto positivo en los beneficiarios de estos programas, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos con el acompañamiento de una ciudadanía activa. Pretendemos fomentar el desarrollo institucional de mecanismos que permitan el acceso a la información pública y las rendiciones de cuentas de los poderes del Estado, de manera a permitir la formación de un juicio crítico en la ciudadanía, sobre la gestión de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Lucha contra la corrupción

La crisis de gestión pública y la cultura del secretismo aún vigente inciden directamente en los índices de calidad de las instituciones en Paraguay, elevando los riesgos de corrupción.

Existe aquí, muchas veces, una corresponsabilidad entre sector público y privado, cuando se genera entre estos una colusión con el objeto de detraer recursos del patrimonio del estado en beneficio personal ya sea de funcionarios públicos o empresarios.

Fortalecer las instituciones públicas de modo a blindarlas contra la fuga ilícita de sus recursos es clave para la lucha anticorrupción.


Trabajo con la Ciudadanía

Participación ciudadana: La ciudadanía no debe ser concebida como un “favor” del Estado sino más bien como un conjunto de derechos y deberes, pero principalmente como creadora de derechos y generadora de importantes transformaciones.

En este sentido, estamos convencidos de la necesidad de impulsar y promover la participación directa de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones de interés público, a fin de lograr una efectiva correspondencia entre la decisión estatal y el sentir de la sociedad.