Asunción, 9 de diciembre de 2009.
El tema del Día Internacional contra la Corrupción de 2009, que se recuerda el 9 de diciembre, es “No permitamos que la corrupción mate el desarrollo”. En este contexto, el CEJ insta al gobierno paraguayo a ejercer medidas necesarias para acabar con la impunidad de los actos de corrupción, el desvío de fondos públicos para beneficios particulares, las irregularidades administrativas en las entidades públicas, las contrataciones, licitaciones y adjudicaciones sin una rendición de cuentas pública, y las consecuentes carencias de las estructura estatal para la atención de servicios básicos para la dignidad humana.
El CEJ desarrolla una campaña enfocada en la medición del costo social de la corrupción, en los sectores de salud, educación y justicia. Estos temas centrales para el desarrollo de nuestro pueblo han identificado graves problemas de corrupción, sobre todo en el beneficio final que la población en condiciones de vulnerabilidad, que por derecho le corresponde, obligaciones del estado no solo en planes progresivos de acción sino en resultados concretos, especialmente de acuerdo a las metas del milenio previstas.
Recordemos que el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, para crear conciencia de la corrupción y el papel de la Convención para combatirla y prevenirla. La Convención entró en vigor en diciembre de 2005 y es Ley paraguaya Nº 2535/2004.
En el CEJ estamos seguros de la importancia de la organización ciudadana como impulso del cambio, para avanzar en políticas públicas y leyes claras que ayuden a combatir la corrupción instalada en nuestras instituciones, en la restitución del daño social originado por la corrupción a través de la recuperación de activos.
La recuperación de activos debe tomar un impulso muy fuerte por parte de la Procuraduría General de la República, no solo para ir detrás de los capitales que han sido desviados de los fondos públicos a manos de particulares y paraísos fiscales, sino dando seguimiento también para llegar a una verdadera reparación social por actos cometidos por funcionarios públicos. Hay que recuperar propiedades, instalaciones y toda estructura para el bien público, enjuiciando y evitando la impunidad de personas que se han enriquecido a costa de las carencias de la población, y sobre todo de graves violaciones de derechos humanos, cometidas por referentes principalmente de la dictadura de Alfredo Stroessner y desfalcos de gobiernos anteriores.
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