Cuando empezamos el año 2020, pocas personas iban a suponer lo que se venía: que un virus de Wuhan en China iba a causar estragos en todo el mundo. Obviamente en Paraguay se sintieron los efectos del precario sistema de salud y el gobierno implementó rápidamente el confinamiento obligatorio de la población a inicios de marzo, pocos días después de registrarse el primer caso en el país. En ese ínterin se realizaron compras de insumos y surgieron denuncias que están siendo investigadas por el Ministerio Público.

En el ámbito de la justicia la pandemia significó la paralización de los tribunales durante gran parte de marzo y abril. Muchas personas fueron procesadas por violación de la cuerentena en base a la ley 716/1996 que sanciona delitos contra el medio ambiente, recibiendo medidas alternativas en base a una política criminal que “felizmente” no empeoró el sistema penitenciario ya abarrotado y que fue declarado en emergencia por ley 6365/2019. Las visitas privadas a los establecimientos penitenciarios fueron suspendidas para preservar la salud de los internos y los funcionarios penitenciarios.

La Corte Suprema de Justicia implementó medidas para extender el expediente electrónico: así de Asunción, se extendió a Alto Paraná, Cordillera, Paraguarí y algunos lugares del Departamento Central, entre otras circunscripciones judiciales. Se prevé que en el 2021 llegue a Guairá, Itapúa y se extienda por todo el territorio nacional. Queda pendiente que tanto el Tribunal de Cuentas como la Corte Suprema de Justicia, órganos con competencia nacional, hagan lo propio.

Muchos justiciables y abogados litigantes se mostraron preocupados por la demora en el trámite de casos. Un cese de actividades se repitió en setiembre. Las reuniones entre representantes de los gremios de abogados y Ministros de la Corte se hicieron en forma virtual y por ley 6581/2020 se suspendió la feria judicial del año 2021. Con ello, se espera recuperar al menos en parte los tiempos perdidos.

A través de diversos decretos y fases implementadas por el Gobierno Nacional, se fueron aumentando paulatinamente las personas y profesiones habilitadas para la libre circulación. La Corte Suprema de Justicia se preocupó por preservar las actividades judiciales, con las limitaciones surgidas por la Pandemia.

Los cambios de horario y la habilitación de la atención telefónica.

Por ley 6595/2019 se autorizó la implementación del sistema de audiencias por medios telemáticos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público con carácter gratuito. Ello empezó a implementarse antes de la pandemia y se generalizó durante el año 2020. En el sector privado y en las universidades, las reuniones y clases pasaron a realizarse también forma virtual a través de diversas plataformas informáticas.

Los secretarios y ujieres de diferentes juzgados y tribunales vieron publicados sus números de teléfonos para la realización de consultas virtuales. La Corte Suprema de Justicia implementó un sistema de control y un número para efectuar reclamos para los casos de falta de respuesta.

A fin de evitar la aglomeración de personas, se dispuso que los juzgados y tribunales civiles y penales atiendan por las mañanas al igual que las Salas de la Corte Suprema, y que los juzgados laborales y de niñez y adolescencia junto con el Tribunal de Cuentas funcionen en horario vespertino. Se empezó con un sistema de cuatro horas que fue extendido hasta llegar (casi) al horario de trabajo normal.

Ello vino acompañado de los protocolos sanitarios: colas para el ingreso, lavado de manos, toma de temperatura, registro de datos. La ley 6534/2020 de protección de datos personales crediticios fue sancionada para preservar la intimidad, la libertad y el trato justo de las personas entre otros derechos.

Las comparecencias para firmas de las personas sometidas a un proceso penal fueron suspendidas. Varias tutelas judiciales fueron acordadas en este ámbito por los juzgados de ejecución y otros órganos en el ámbito penal

También es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia implementó un nuevo registro de matriculación de profesionales y que se realizaron las elecciones del Consejo de la Magistratura con un padrón de abogados que incluyó exclusivamente a personas en el ejercicio liberal. Todos los funcionarios públicos, incluso contratados, fueron excluidos del padrón tal como se hizo en las primeras elecciones.

El Ministerio Público: una institución de la que se esperan cambios.

A diferencia del Poder Judicial, el Ministerio Público no habilitó un sistema de consultas por via telefónica. Los Agentes Fiscales casi en su mayoría siguieron con la atención presencial en forma exclusiva y aunque muchos de ellos facilitaron los teléfonos de los asistentes para consultas, ello no fue determinado por una política institucional.

El trabajo en cuadrillas dificultó el correcto trámite de expedientes. Los cambios de equipos de los funcionarios generaban en ciertos momentos quejas por los retrasos ya que el “encargado” en muchos casos no se encontraba en la oficina.

El órgano encargado de representar a la sociedad ante los órganos judiciales cuenta con un importante equipo de profesionales y recursos técnicos y financieros para cumplir sus funciones. Será un desafío para la Fiscalía proseguir con los expedientes electrónicos y habilitar las presentaciones telemáticas.  

Lo que está por venir.

Mientras esperamos la llegada de las vacunas, que presumiblemente ocurrirá en el primer semestre de 2021, podemos reflexionar sobre lo que nos dejó este 2020.

Muchos juicios importantes fueron llevados adelante durante el año 2020 y se pusieron en tela de juicio las investigaciones realizadas por los Agentes Fiscales en casos importantes, principalmente en casos de corrupción pública, donde la ciudadanía en general retira su confianza al Ministerio Público. Penas leves para casos de corrupción nos llevan a pensar en el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se realizará también, si no surgen más retrasos, en el siguiente año.

Se estima que los órganos encargados de la investigación y juzgamiento no deberán tirarse la pelota y decir que fue un mal trabajo del otro “equipo” sino que deberían, sobre todo en casos de juicios orales, preocuparse por la búsqueda de la verdad y aplicar las facultades que tienen con relación a la advertencia por hechos distintos a los de la acusación. Tal vez ello nos devuelva la fe en la justicia.

Para la justicia paraguaya, el año 2020 fue extremadamente complicado y se debieron enfrentar situaciones que no estaban previstas ni para las que no existía una experiencia previa. Esperamos que los operadores aprendan la lección y podamos pensar que el 2021 sea un año donde los cambios positivos sigan siendo implementados.