Este jueves 26 de octubre se llevó a cabo la firma de convenio de cooperación interinstitucional entre el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), con miras a proteger y fortalecer los derechos humanos de las personas privadas de libertad mediante la coordinación e impulso de proyectos y programas en conjunto.
La firma del convenio estuvo a cargo de la Directora Ejecutiva del CEJ, Dra. María Victoria Rivas y de Sonia Von Lepel, Presidenta de turno del MNP.
“Para el Centro de estudios Judiciales firmar un convenio con el Mecanismo de Prevención de la tortura es siempre una oportunidad para rescatar y fortalecer los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sobre todo considerando la responsabilidad legal que tiene el Mecanismo y la responsabilidad moral que tiene el CEJ en seguir avanzando y protegiendo los derechos humanos y dar oportunidad a todas las personas privadas de libertad a un mejor acceso a justicia”, expresó Rivas
Por su parte, Sonia Von Lepel mencionó que “la idea de la firma de este convenio es poder ahondar esfuerzos y de manera específica a lo que hace a la realidad del sistema penitenciario en este momento, para nosotros es de mucho agrado poder firmar y empezar un trabajo mancomunado teniendo como mandato principal prevenir la tortura y los malos tratos”.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es una Institución del Estado paraguayo con autarquía funcional. Fue creado por la Ley 4288/11, conforme al mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de torturas y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Tiene entre sus funciones establecer y mantener relaciones tanto a nivel nacional como internacional con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas, para el desarrollo de acciones conjuntas para la prevención de la tortura.
Esta actividad se realiza en el marco del Proyecto “Acceso a Justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”, una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales con apoyo y financiamiento de la Unión Europea.
