Este lunes, se clausuró el Congreso Internacional "Reforma Penitenciaria: Agendas Prioritarias para la Reinserción Sociolaboral" con gran asistencia y ponencias de autoridades y expertos en las agendas de prioridad de la reforma penitenciaria e inclusión laboral de personas privadas de libertad. El evento se llevó a cabo en el Hotel Guaraní.
El evento fue organizado por la Cartera de Justicia y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con la cooperación de la Unión Europea en Paraguay (UE). Su objetivo fue promover el debate político, técnico, académico y social sobre los avances de la reforma penitenciaria en la República del Paraguay y las políticas públicas vinculadas a la reinserción social e inclusión laboral.
En el panel central estuvo presente Daniel Benítez, ministro de Justicia, quien habilitó el encuentro, acompañado de María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, y José María Cueto, agregado de cooperación de la Oficina de la Unión Europea en Paraguay. También participó Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y, como invitado especial Ángel Barchini, futuro ministro de Justicia.
Durante su discurso, el ministro Benítez destacó los logros alcanzados gracias a la cooperación, las alianzas público-privadas y otros organismos internacionales, que han hecho posible la construcción de políticas públicas penitenciarias que actualmente forman parte de la agenda de la reforma penitenciaria.
"El 70% de las PPL no tiene condena, y eso dificulta que la Cartera de Justicia pueda trabajar en programas y proyectos de reinserción, al no estar separados como corresponde según el mandato Constitucional. En un esfuerzo enorme, el Ministerio de Justicia ha emprendido la construcción de tres nuevas penitenciarías, dos en Emboscada y una en Minga Guazú, cada una con capacidad para 1.320 PPL, lo que supone en total 4.000 nuevos lugares que servirán para descomprimir el hacinamiento y la sobrecarga del sistema", indicó el ministro Benítez.
Durante el desarrollo de la jornada, se abordaron dos paneles centrales sobre la inclusión laboral con estándares de derechos humanos y buenas prácticas para la reinserción social e inclusión laboral de personas privadas de libertad. Se entregaron reconocimientos a empresas y organizaciones que colaboran con programas de reinserción social e inclusión laboral de personas privadas de libertad.
Es importante resaltar que este Congreso permitió a los participantes incluir propuestas sobre adecuaciones normativas, ajustes operacionales y modificaciones de prácticas en la reforma penitenciaria, como procesos para generar sinergias en la concreción de resultados de una reforma penitenciaria integral.
Además, la iniciativa "Latente" posibilitó la puesta de una Feria de artesanías penitenciarias. Hubo una proyección audiovisual con enfoque integral del Ministerio de Justicia, promoviendo los derechos humanos, la dignidad humana y la reinserción social de las PPL, y un momento cultural con el ballet de danza folklórica de internas del Buen Pastor.
Asistieron también Letizia Sanabria, viceministra de Política Criminal, Silvia Patiño, viceministra de Justicia, Juan Godoy, director de Gabinete, Alicia Álvarez, diretora general de Planificación y Desarrollo Institucional, Rafael Escobar, director general de Derechos Humanos, Mario Ovelar, director de Acceso a la Información Pública, Vanessa Napout, directora de Bienestar y Reinserción Social, así como invitados internacionales Gherman Welsch (Chile), experto invitado de la región designado representante por el Centro de Justicia de las Américas (Cejamericas), y Mariana Vendrame Carrera (Brasil), especialista en proyecto Unodc.
Otros participantes del congreso fueron Rosalía González, consultora del CEJ, Andrea Vera Aldana, representante de la Corte Suprema de Justicia, César Cañete Prette, representante del Ministerio de la Defensa Pública, Mirtha Reyes, rectora de la UNASUR, y José Galeano Monti, representante de la Oficina del ACNUDH - ONU Derechos Humanos Paraguay, además de circunscripciones judiciales, movimientos religiosos, municipios, empresas y miembros de la sociedad civil, entre otros.
