La pandemia del COVID-19 vino a recordarnos que la pandemia de la corrupción sigue vigente más que nunca en el país. Mientras esperamos que lleguen las vacunas contra el COVID-19, se siguen esperando las vacunas contra la corrupción.

Dentro del negro panorama que nos dejó la Pandemia, quizás pasó desapercibido pero el año 2020 dejó una huella en la historia de la lucha contra la corrupción a nivel Legislativo en el Paraguay. A ojos de la ciudadanía, hasta sonará contradictorio que una de las instituciones más desprestigiadas por la opinión pública y centro de muchos escándalos de corrupción en los últimos años, más bien décadas, se organice a fin de proponer acciones tendientes a disminuir la corrupción en el sector público.

El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad (FPCI) se conforma a fines de 2019 en la Cámara de Diputados y empieza a trabajar de manera más dinámica en el 2020. Hablamos pues, que probablemente por primera vez en nuestra historia democrática, un grupo de legisladores se organizaron y alinearon filas para analizar y proponer acciones en torno a la lucha contra la corrupción. Estableciendo una agenda legislativa, con un plan a mediano y largo plazo, que contempla el desarrollo normativo progresivo teniendo en cuenta la complejidad de los temas.

Pero antes que el entusiasmo y la efervescencia nos inunde, no perdamos de vista la realidad que se busca encaminar: mejores leyes para combatir la corrupción.

A inicios de 2020 se presentaron los resultados del “Observatorio Legislativo Contra la Corrupción”, una plataforma web que verifica y sistematiza el estado de las recomendaciones legislativas realizadas por organismos internacionales. Con esta iniciativa se busca fortalecer la labor parlamentaria en lo que atañe al control sobre los avances en el cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción.

Estas recomendaciones fueron realizadas por los sistemas de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA fue ratificada por el Estado paraguayo en el año 1996. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en el año 2005. Ambas Convenciones representan para nuestro país un compromiso importante para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad (FPCI) tuvo a su cargo la implementación del Observatorio y el análisis normativo. Con estos resultados, se trabajarán en las propuestas legislativas para la adecuación del sistema normativo paraguayo a las recomendaciones realizadas al Paraguay.

El Observatorio estableció una clasificación en 32 temas y el análisis se realiza en base a la existencia del marco normativo en cada uno de ellos, divididos en 4 grandes grupos: cumple con las recomendaciones, aquellos temas que NO cumplen con las recomendaciones; aquellos temas que No cumplen con las recomendaciones, pero hay algunos avances; y aquellos temas que cumplen con las recomendaciones parcialmente, pero faltan ajustes.

Dos temas fundamentales que NO cumplen con las recomendaciones son la tipificación del abuso de funciones del funcionario público y la claridad o delimitación de competencias entre la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas.

Así mismo, para evitar que prescriban los casos, se señala la posibilidad de ampliar el plazo de duración del proceso en casos complejos de corrupción a fin de evitar que se limite la acción penal.

En el caso del hecho punible de tráfico de influencias, se recomienda elevar la expectativa de pena, elevando su nivel de delito a crimen.

Así mismo, se señalan recomendaciones que permitirán ajustar nuestras leyes a los estándares que exigen los organismos internacionales en los siguientes temas: Conflictos de intereses; Protección de testigos y denunciantes; Deber de funcionarios públicos de denunciar actos de corrupción; Sistemas para proteger a funcionarios públicos y ciudadanos que denuncien actos de corrupción; Órganos de control para jueces y fiscales; Extinción de dominio y persecución in rem; Extradición; Mecanismos de participación de la sociedad civil; Sistemas para la contratación de funcionarios públicos.

El camino por recorrer es largo, aún queda mucho esfuerzo por realizar, pero creemos que este trabajo tiene el potencial necesario para ir sacando vacunas puntuales que ataquen problemas concretos que ayuden en la lucha contra la corrupción.