El 27 de diciembre del año pasado (hace menos de un mes), el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 8612 por el cual fijó los valores fiscales que marca el Servicio Nacional de Catastro y que sirven de base imponible para determinar el pago del impuesto inmobiliario, que se actualiza cada año con base en la inflación. Esta vez, Catastro (que depende de Hacienda) fue más allá y aumentó la base imponible, acorde con la nueva realidad económica.

Los gremios de la producción (UGP y ARP) pegaron el grito al cielo y el 10 de enero se reunieron a puertas cerradas y casi en secreto con el presidente de la República, el ministro de Hacienda y otros altos funcionarios y les señalaron que tal modificación era inconstitucional, que en algunos casos hay aumentos de hasta 200% y que no estaban dispuestos a pagar, alegando la pandemia y la sequía. Incluso hubo amenazas de cierres de rutas. Tres días después, Mario Abdo Benítez borró con el codo lo que firmó con la mano: emitió otro Decreto, el 8736, por el cual suspendió la aplicación de los artículos que actualizaban los valores fiscales de las tierras rurales. Permanece vigente el pago del impuesto con un aumento del 8%, que es la tasa del IPC.

Hace 70 años está pendiente la actualización, dijo Rodrigo Vallejos, secretario general del Servicio Nacional de Catastro (SNC), coincidente con el tiempo de permanencia de la ANR en el poder (excepto el periodo 2008/2013).

El rasgo principal de Mario Abdo ha sido su liderazgo débil, hoy deteriorado aún más porque se encuentra inmerso dentro del fenómeno del pato cojo, que sufre todo presidente que está en el último tramo de su mandato, y que potenció con su doble derrota electoral contra Horacio Cartes, tanto en la chapa presidencial como en la titularidad de la ANR.

El caso vale para señalar, analizar y alertar sobre la real capacidad de un presidente de la República, o del Estado mismo, para realizar las reformas profundas y urgentes que necesita el país, a propósito de las elecciones nacionales previstas para el 30 de abril.

LARGA LISTA. Paraguay necesita cambios profundos para salir del rezago en sectores claves, como la educación, la salud, transporte público, infraestructura vial, Justicia (seguridad jurídica), función pública, informalidad laboral, ausencia de políticas de seguridad social, etc. Hay un escenario de desigualdad, exclusión, pobreza de un sector de la población que sobrevive en la desesperanza y que no ve cambios posibles en su vida. A pesar de su fortaleza macroeconómica, sin las reformas necesarias no habrá desarrollo ni mayor crecimiento.

En tiempos de campaña electoral, es habitual escuchar a los candidatos presidenciales hablar de los problemas y plantear soluciones mágicas: “Quiero un país sin pobreza”, “vamos a defender la soberanía energética”, “vamos a estar mejor”, “el cambio llega”, “la educación será mi prioridad”, “la salud pública será para todos”.

El candidato colorado habla desde una cínica distancia de los problemas del país sin hacerse responsable de lo que hizo y hace su partido en el poder desde hace décadas.

EJECUTIVO ENCARCELADO. En el ejercicio del poder, se sabe, los presidentes están maniatados porque existe un escandaloso cogobierno entre el Estado, las élites económicas (contratistas del Estado básicamente) y las mafias diversas, que van desde el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas que operan tranquilamente gracias a la corrupción sistémica y la complicidad política, fiscal, judicial.

Esta situación se da también en los países más consolidados institucionalmente, donde existen influencias de factores económicos, políticos y sociales, pero esa correlación de fuerzas está mejor controlada por la fortaleza de su institucionalidad, de la que carece Paraguay.

Suponiendo que el futuro presidente tenga la voluntad para hacer los cambios de los que habla en campaña, el desafío descomunal es la limitada autonomía del Estado. De hecho, ninguna reforma importante puede concretarse porque los intereses particulares o de grupo prevalecen sobre los intereses nacionales. Otro ejemplo para graficar este estado de parálisis es la función pública, donde no se pueden aplicar mínimos cambios porque cuando finalmente se logra el acuerdo político plasmado en una ley, se viene una avalancha de acciones judiciales que frena todo proceso.

La burocracia tiene vida propia, se volvió indomable.

Las compras públicas, otro gran problema para resolver. Organismos internacionales estiman que a través de deficiencias en las contrataciones públicas, políticas de recursos humanos ineficientes y transferencias mal diseñadas, existe una pérdida anual de USD 1.600 millones, que representan casi 4% del producto interno bruto (PIB). Pero acá están los amigos, los grandes aportantes de campaña a quienes no convienen la transparencia ni la lucha contra la corrupción.

Los empresarios tienen representación directa en casi 40 consejos del sector público donde ejercen el poder real. Sin su venia, ningún cambio es posible y menos aún cuando ese cambio significa pérdida de privilegios.

Este es apenas una pequeña muestra de la realidad del poder en el país. Llegar al Palacio es una tarea titánica porque la disputa electoral es una guerra costosa, desgastante, especialmente para la oposición, que no cuenta con recursos ni el ejército de funcionarios y votantes cautivos, pero el reto más desafiante para cualquier presidente es el ejercicio del poder y su limitada capacidad para ejecutar sus planes para el que necesita no solo convicción, sino capacidad de negociación y coerción.

La elección en abril es elegir entre el candidato que quiere llegar al poder para mantener el statu quo y los privilegios de los grupos de siempre, y quien busca quebrar esa estructura para alivianar el peso que soportan la mayoría de los habitantes con una mejor distribución de los derechos y la riqueza.

Textual

“El proyecto de ley ‘de abuso de la función pública’ es un esfuerzo ciudadano en la lucha contra la corrupción. Debemos rescatar el concepto de lo público; en los últimos tiempos hemos visto cómo funcionarios públicos, aprovechándose del cargo que ocupan, se han beneficiado y han incrementado sus patrimonios en forma escandalosa. La incorporación del hecho punible de abuso de funciones en nuestra legislación interna es un reclamo que nos vienen haciendo los comités de expertos tanto de la OEA como de Naciones Unidas. Es la primera vez en la historia del Paraguay que se presenta una iniciativa popular con firma electrónica”. María Victoria Rivas, titular del Centro de Estudios Judiciales.

Lo que hay que saber

AUSTERIDAD TARDÍA. El presidente de la República decidió que los costosos directorios de Essap (2) y Copaco (6) sean unipersonales. La reducción es para racionalizar gastos del Estado.

DUDA RAZONABLE. Honor Colorado presentó su informe de gastos electorales a la Justicia Electoral. Gastó G. 17.000 millones y que los candidatos “financiaron personalmente la campaña”.

TEMOR ELECTORAL. Los colorados iniciaron la campaña para lanzar sospechas sobre la capacidad intelectual de Fernando Lugo para ser senador y exigen pruebas de su estado.

PLAN. César Rossel, ministro electoral, anunció el uso de la huella dactilar en la planilla de votación, como otro elemento de control antifraude electoral en los comicios de abril.

FUENTE: Ultima Hora

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