Asunción, 9 de diciembre de 2012.

En el Día Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se recuerda el 9 de diciembre, el Centro de Estudios Judiciales manifiesta lo siguiente:

Ante el índice de Percepción de Corrupción 2012 de Transparencia Internacional, que posiciona a Paraguay como el segundo país más corrupto de Sudamérica, ocupando el lugar 150 de un ranking de 176 países, el Centro de estudios Judiciales (CEJ), insta al gobierno y a los candidatos políticos a abordar los principales desafíos para combatir la corrupción. Para ello, es importante que unan esfuerzos para desarrollar políticas públicas que deberán contemplar 8 aspectos esenciales para una agenda pública anticorrupción.

En Paraguay, la corrupción es expresión de un modo de ejercer y administrar el poder, equivalente al saqueo de los recursos públicos que deberían ser utilizados para las políticas sociales. Por eso, la corrupción en Paraguay es un negocio que funciona bien para unos pocos y muy mal para la gran mayoría, afectada en la vulneración de sus derechos más esenciales.

Para combatir la corrupción, ésta tiene que ser comprendida no como un problema moral sino como un comportamiento delictivo que lesiona los derechos humanos de las personas. Se debe implementar políticas que reformen y solucionen problemas específicos que hacen posible la corrupción, sancionando a los culpables y apuntando a la reparación del daño social producido con esta práctica.

Es por eso que, en este momento político que vive el país, el Centro de Estudios Judiciales insta a los gobernantes y a los candidatos de los distintos partidos políticos a avanzar en la elaboración de políticas públicas que contemplen los siguientes 8 puntos esenciales para agenda anticorrupción:

1-    Fortalecer los organismos de control: Contraloría General de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contrataciones Públicas, Ministerio Público, Poder Judicial.

2-   Avanzar en el mejoramiento de la gestión de las instituciones del Estado, así como en sus sistemas de control interno.

3-    Dotar de institucionalidad a la lucha contra la corrupción. Sancionando las siguientes leyes: de Participación Ciudadana, de Acceso a la Información Pública, de Protección del Denunciante y de Conflictos de Intereses por Sector.

La necesidad de legislación en estas materias es imperativa para dar “poder real” al ciudadano, que puede ser un contralor de los asuntos de estado, en ciertos niveles y espacios e involucrarse en temas que interesan a su persona o colectividad.

1. Ley de acceso a la Información pública: Los actos realizados por las instituciones públicas, deben tener la cualidad de la transparencia y la información acerca de estos, totalmente libre y accesible. Esto significa que las trabas que actualmente se encuentran en la burocracia, deben ser eliminadas y por iniciativa propia, ser puesta toda la información pública, a disposición de la ciudadanía. El ocultamiento o la oscuridad en la administración de fondos, así como en la gestión, no generan más que desconfianza sobre la correcta utilización o desempeño en las funciones. La prevención es el pilar de la lucha contra la corrupción y la primera de sus fases para evitarla y controlarla. Las cuentas claras en la administración pública, son un principio republicano y obedecen a una responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

2. Ley de Participación ciudadana: La necesidad de una ley que consolide espacios de participación en las cuestiones públicas, con capacidad de toma de decisiones. Un acercamiento del Estado hacia el ciudadano, para conocer y satisfacer sus necesidades y la vez construir una confianza mutua que ayude a una mejor gestión pública. La participación es un freno importante a la corrupción, al poner al ciudadano de cerca en los asuntos público, vela de cerca por sus intereses y por el correcto funcionamiento de las instituciones.

3. Protección al denunciante: La creación de un sistema que garantice la seguridad e integridad de la persona que aporte información sobre la corrupción pública, es un paso necesario para evitar represalias con funcionarios honestos y comprometidos. La impunidad se inicia con la falta de actores que se animen a denunciar y en muchos casos, a costa de sus propios intereses personales y profesionales.

4. Conflicto de intereses por sectores especiales: La reglamentación de medidas que pongan en igualdad de condiciones a todos los que tengan que realizar algún acto vinculado a la administración pública, sean pasibles de toma de decisiones y tengan que competir por la prestación de servicios. En una sociedad pequeña, este sistema de prevención de conflicto de intereses debe ser bien articulado y acompañado de un registro que permita dirimir las cuestiones donde existan este tipo de conflictos.

4-    Reglamentar un sistema de Declaración Jurada de Bienes que sea transparente y pública.

1. Reglamentación legislativa aplicable: El establecimiento de un sistema de registros de declaraciones de activos y pasivos de funcionarios públicos, organizado y sistematizado, es el primer paso antes de insistir con los controles administrativos. De nada sirve el control si no se tienen sistemas de seguimiento y fácil ubicación de los mismos. Actualmente el sistema de control de esta obligación solo registra si la misma se cumplió o no alguna vez. Se debe avanzar en un sistema electrónico que permita un registro automático y actualizaciones periódicas sin mayores complicaciones, como la de trasladarse a la única sede central del país.

2. Sanciones ante incumplimiento: El actual problema de la norma constitucional es no contemplar sanciones a su infracción. La falta de consecuencias jurídicas hace que esta norma se dé cumplimiento meramente voluntario.  Es elemental que la reglamentación contemple sanciones aplicables a los diferentes ámbitos del Estado, de una manera sencilla y uniforme en todos los ámbitos del Estado, con un procedimiento claro y simple de realizar.

5-    Institucionalizar la rendición de cuentas.

1. Ley de rendición de cuentas: Es necesario un instrumento legal que establezca el alcance, la responsabilidad y la manera de rendir cuentas en el Estado. Dependiendo del grado de responsabilidad, las exigencias deben ser mayores o menores y los mecanismos deben abarcar no sólo la explicación del uso de los recursos públicos, sino además, la motivación en la toma de decisiones políticas.

2. Ejercicios periódicos de rendición de cuentas: La periodicidad en el control de la cuentas es básico, para la correcta administración y toma de decisiones adecuadas. Estos ejercicios no se pueden dejar al arbitrio del administrador, deben estar determinados de antemano, como una condición básica de la responsabilidad en el cargo.

6-    Fomentar la participación ciudadana y lograr mayor activismo en denuncias por casos de corrupción.

1. Educación cívica para la participación: el activismo ciudadano está fuertemente ligado a una condición cultural. En ese sentido, el involucramiento de la sociedad en las cuestiones que afectan a la función pública pasar por la formación de una conciencia que se inculca desde la niñez. Una política educativa que quiera pretenda lograr una sociedad menos corrupta, debe inculcar en sus ciudadanos el interés y la participación, desde la etapas de formación hasta la madurez de las personas.

2. Activismo y redes: La tolerancia social es uno de los factores que facilitan la impunidad en los casos de corrupción pública. El seguimiento y monitoreo a los casos es esencial para su reducción. Las sanciones ejemplares se dan cuando la ciudadanía acompaña con presión a las autoridades encargadas de investigar y juzgar los hechos. Hoy la tecnología y las redes permiten acceder a una mayor información acerca de los mismos y agrupar a las personas entorno a estos sucesos que se dan en el sector público y acompañar los casos de mayor relevancia para evitar su impunidad.

3. Diálogo entre Estado y Sociedad: Se deben crear espacios de participación que permitan una relación amigable entre la ciudadanía y sus instituciones. La razón de ser de estas, es la de satisfacer las necesidades de las personas y para ello necesita trabajar las condiciones que permitan lograr esos objetivos, comunicándose activamente con sus destinatarios.

7-    Definir una política de recuperación de activos destinada a reparar el daño social.

1. Lucha contra la impunidad y sanciones ejemplares: La persecución de los hechos punibles que afectan al patrimonio público, así como aquellos que alteran gravemente el funcionamiento de las instituciones públicas, merecen una persecución implacable, que contenga al sistema en sus fallas y disuada por su ejemplaridad a otros que buscan realizar los mismos fines.

2. Desarticulación de roscas: es necesario un estudio sistemático acerca del funcionamiento de los esquemas sobre los que opera la corrupción. Muchas veces, la persecución de hechos punibles y la sanción de los mismos, reprimen por momento estos actos ilícitos, pero posteriormente, dadas las condiciones en las que se encuentran las instituciones, ocurre una sucesión, que permite la instalación de nuevas personas en una rosca de corrupción. Por ello, se deben tomar medidas que desalienten la conformación y controlen la gestación de nuevos grupos organizados en la corrupción.

8-    Crear un organismo del Ejecutivo que tenga a su cargo las políticas de transparencia y anticorrupción.

1. Coordinación y cooperación interinstitucional: El funcionamiento de las instituciones en un mismo sentido logra mayores resultados y “acorrala” mejor a la corrupción. Es por ello que se debe centrar la coordinación de la lucha contra la corrupción desde una institución que tenga la especialidad, capacidad y liderazgo en el combate frontal al flagelo. Ese espacio institucional debe servir para velar por todos los aspectos en los que interviene cada institución del Estado, para que sus resultados sirvan a todos.

2. Delineamiento de políticas: Asimismo, desde un ente, el Ejecutivo tiene que tener la capacidad de definir sus rumbos, la posibilidad de establecer objetivos y coordinar acciones que puedan realizarlos. Muchas veces la corrupción va más allá de un problema cultural y se vuelve un problema complejo y organizado, para lo cual, se necesitan acciones que estén a la misma altura para disuadirlas o reducirlas.

3. Seguimiento de agendas internacionales: Los compromisos tomados por el país en ámbitos internacionales, requieren acciones y medidas concretas, que deben llevarse adelante, en todas las instituciones del Estado, de manera entramada y transversal. Es necesario el desarrollo institucional y cultural, con un seguimiento puntual a las recomendaciones que dan las organizaciones internacionales, puesto que estas están encaminadas a facilitar los diseños programáticos de implementación y pretenden cooperar en los mecanismos y herramientas desarrollados para el combate a la corrupción.

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