Esta mañana, el titular del Ministerio de Justicia (MJ) Daniel Benítez recibió en su despacho a representantes del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y la Unión Europea (UE) en Paraguay, en el marco de un convenio de cooperación de Acceso a la Justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL), que busca llegar a 923 PPL, priorizando a jóvenes sin condena.

En la oportunidad de ser presentado el plan de acción con prestación de asistencia técnica del Centro de Estudios Judiciales bajo la cooperación de la Oficina de la Unión Europea para incidir en el modelo de gestión penitenciario bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia, estuvieron presentes la viceministra de Justicia Silvia Patino, la viceministra de Política Criminal Letizia Sanabria, la coordinadora del CEJ Yeny Villalba, la consultora del CEJ Rosalía González y la jefa de cooperación adjunta de la Unión Europea Diana García Alcubilla. 

La iniciativa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento del sistema penitenciario y garantías de los derechos humanos de las personas privadas de libertad con el fortalecimiento de políticas de justicia articuladas con organismos del Estado y la sociedad civil.

Este convenio a ser firmado en breve tiempo, pretende estrechar los esfuerzos de cooperación y colaboración entre el MJ y el CEJ, con el fin de establecer las bases para un trabajo articulado que contribuya al mejoramiento y fortalecimiento del sistema de justicia, el desarrollo de las políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia, derechos humanos y el sistema penitenciario desde el cumplimiento de las garantías del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sumando a la sociedad civil y las comunidades, y las instituciones nacionales y agencias especializadas en derechos humanos.

Por otra parte, se busca apoyar la implementación de un protocolo de aplicación de medidas alternativas a la prisión elaborado para jueces, fiscales y defensores públicos en armonía con las sugerencias del Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PAcCTO). Asimismo, fortalecer el proceso de consolidación del Instituto Técnico Superior Penitenciario, realización de eventos educativos y de sensibilización dirigidos a operadores del sistema de justicia, agentes penitenciarios y ciudadanía.

El territorio de acción tendrá llegada a Asunción y los departamentos Central, Cordillera y Caaguazú, incluyendo a los siguientes centros penitenciarios: Unidad Industrial Penitenciaria Esperanza (UPIE), Granja Ko'e Pyahu, Penitenciaría Regional de Emboscada antigua, Granja Itá Porã, Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y Centro Penitenciario para Mujeres Serafina Dávalos

A la salida de la reunión, Diana García Alcubilla expresó: 

“Es la primera vez que hay un proyecto focalizado en Paraguay. El proyecto El PAcCTO era regional y tenía algunas acciones que beneficiaban a Paraguay, pero no era sólo para el país, así que creo son muy buenas noticias con las necesidades que tiene el sistema penitenciario y muy bien por la articulación que se va a hacer en lo institucional con el Ministerio de Justicia y por otro lado con la sociedad civil, en su sentido más amplio con empresas, comunidades de base, municipios.

El proyecto ya arrancó con la parte administrativa, contratación de gente, y justamente se va a formalizar con el convenio que tenemos que presentarle al ministro para darle el respaldo legal y se va a firmar ese convenio, que es un poco la continuidad del convenio que tenía ya el CEJ con el Ministerio de Justicia.

Creo que el tema de reinserción social y trabajo comunitario de las PPL es relativamente nuevo en Paraguay, sé que la Constitución del 92’ tiene un enfoque garantista de derechos, pero bueno, por las circunstancias se ha tenido mucho en cuenta a mirar lo punitivo y no tanto en cómo hacer la rehabilitación y reinserción de las PPL para que no reincidan y vuelvan a llenar los centros penitenciarios y vuelva el hacinamiento para que siga el círculo negativo para todos”, concluyó la representante internacional.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Acceso a Justicia y derechos humanos de personas privadas de libertad”, una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y cuenta con el apoyo de la Unión Europea.