Afirmó que el presidente Fernando Lugo hizo bien en no confirmar la elección del magistrado, aunque esto conlleve a una crisis entre los poderes. Manifestó que en estos momentos no conviene juicio político a los ministros. ¿La designación de Agustín Lovera forma parte o no de una reforma judicial?
No. Vimos otra vez una fuerte injerencia político-partidaria que atenta severamente contra el Estado democrático.
¿El Presidente debió dar el acuerdo para la confirmación de Lovera?
No. Apuntamos que el Presidente no debe dar su acuerdo a algún candidato de la Corte si su candidatura surge del cuoteo político.
¿La última elección es cupo de la ANR?
Es un acuerdo entre en el Partido Colorado y el sector oviedista, que tendrían un acuerdo a largo plazo, para que los cargos vacantes, de Garay y Altamirano ocupen candidatos del Unace y del Partido Liberal, con lo cual el interés de llevar adelante un proceso de reforma judicial está muy alejado.
¿Qué se debe hacer?
El Consejo de la Magistratura debe institucionalizarse, no puede ser lugar de la partidocracia. Los partidos deben asumir un compromiso de llevar adelante una verdadera reforma judicial. El Presidente de la República debe liderar un proceso de designación de ministros de la Corte, sin cuoteo.
¿Pero cómo se logran esos cambios?
No es una cuestión matemática, es la suma de factores. Uno de los elementos más fuertes es la cultura política, porque los partidos políticos se creen con derecho a la distribución de cargos en el Poder Judicial.
Pero existe el pluralismo ideológico.
Sí, pero no debemos confundir el pluralismo ideológico con la distribución partidaria plural de los cargos del Poder Judicial.
Los dirigentes dicen que tienen ese derecho porque tienen amplia representación parlamentaria.
Es una interpretación interesada. ¿Qué pasa con los que no tienen representación parlamentaria?
Pero, ¿cuál es la forma para solucionar el cuoteo político?
No hay fórmula mágica. La única solución en este momento es que los líderes políticos hagan un compromiso de no injerencia en la designación de altos magistrados de la Corte, y que si no lo cumplen, la ciudadanía sepa cómo elegir nuevamente a esos líderes.
Si no se concreta el acuerdo, ¿qué pasaría entonces?
Si el desacuerdo de Lugo con la designación de Lovera genera una crisis, bueno, que esta crisis sea bienvenida. Porque tenemos que trabajar en el cambio de modelo; aparentemente, en este país, si no hay crisis, no hay cambio de modelos. Hay que generar un proceso transparente en la elección de ministros de la Corte, con una amplia participación ciudadana.
Los sectores de izquierda, tomando esa participación ciudadanía, exigen que todos los ministros de la Corte sean destituidos, ¿es viable esto?
No es conveniente un juicio político masivo en la Corte porque hay que evitar que todos los ministros sean cambiados dentro del mismo periodo presidencial. El equilibro hace que se recomiende que los ministros vayan incorporándose sucesivamente en varios periodos presidenciales. Pero aun así, no se solucionaría todo.
¿Qué otros cambios hacen falta?
Hay muchos problemas estructurales, como las funciones jurisdiccionales administrativas que tiene la Corte. Creemos que se deben quitarle todas las atribuciones administrativas, también fortalecer el gobierno judicial, para que gobierne y no solo nombre funcionarios. Hay que renovar también los despachos, con nuevos modelos de gestión.
¿Qué atribuciones debe delegar la Corte?
Los ministros dedican más tiempo a las cuestiones administrativas que a las judiciales. Tienen que atender el presupuesto, la designación de funcionarios, contrataciones y licitaciones.
¿A quién se delegaría?
Hay varios modelos, en Chile tienen la Corporación de Justicia; en Argentina, el Consejo de la Magistratura se encarga de la cuestión administrativa. Tenemos que comenzar a discutir el modelo que queremos.
¿El modelo actual genera prebendarismo?
Hace que se tenga un modelo clientelista, prebendarista y sometido.
Fuente: ABC Color.
