Comunicado del Centro de Estudios Judiciales

                       Asunción, 25 de noviembre de 2021

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con el objetivo de sensibilizar sobre el tema, este año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve esta fecha con el lema “Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!”.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentran la igualdad de géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y para lograrlos es necesario contar con información sobre las políticas de acceso a justicia y derechos humanos que existen y pueden ser llevados en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, para tener una agenda en común para el seguimiento a las recomendaciones en dicho contexto. 

Es bien sabido que, la violencia de género es uno de los principales problemas sociales, producto de la desiguales entre mujeres y varones históricamente arraigadas en la sociedad que se da en todos los niveles económicos, culturales y educativos.

De acuerdo con los datos de las Naciones Unidas, prácticamente 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. Pero con los últimos acontecimientos como la pandemia de la COVID-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos las cifras de violencia contra la mujer han aumentado, tal como se menciona en el nuevo informe de la ONU Mujeres, 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría y solo 1 de cada 10 se anima a presentar una denuncia.

Para detener ese tipo de situaciones es necesario adoptar enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales y empoderen a las mujeres y las niñas. Con servicios esenciales en los sectores policial, judicial, sanitario y social, y con suficiente financiación para la lucha por los derechos de las mujeres, podemos poner fin a la violencia de género.

Así también, los municipios deben abordar y prevenir los conflictos comunitarios para ello se debe conocer y acompañar la búsqueda del buen vivir en la comunidad, pues un nivel de vida adecuado en el municipio no solo implica políticas municipales relativas al mantenimiento de infraestructuras, sino aquellos temas que pueden ser percibidos tangiblemente y que tienen que ver con la calidad de vida en una ciudad pacífica como lo es la violencia de género.

Por lo expuesto, EXIGIMOS un Estado con políticas públicas efectivas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. Desde el CEJ INSTAMOS a los diferentes Gobiernos a redoblar sus esfuerzos para crear condiciones favorables que garanticen la integridad de las mujeres y niñas, con el objetivo de reafirmar sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad. Además, de contribuir en la consolidación de una cultura de igualdad de género que permita avanzar en la construcción y consolidación de sociedades más justas e igualitarias para todas las personas.