El jueves 25 de agosto, a las 13:30 horas, el Centro de Estudios Judiciales fue sede del análisis del proyecto de ley de  educación superior por parte de representantes universitarios que integran la Mesa de Líderes del Sector Jurídico Universitarios, reunida en sesión extraordinaria. Esta reunión ha sido solicitada por Daniel Álvarez, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Asunción.

Pare el Área Justicia y Política del Centro de Estudios Judiciales, que coordina la Mesa de Líderes, resulta de gran importancia e interés lograr conductas positivas como esta, donde representantes universitarios analizan su propia realidad y futuro desde una participación activa y no como observadores de su destino.

“La construcción de ciudadanía que buscamos consiste en la participación de los sectores que guardan relación con los temas de políticas públicas” señala el Abog. Rodrigo Medina, coordinador del Área Justicia y Política del CEJ. “El silencio es la peor forma de participar ya que directamente se asocia hacia una sola verdad y la riqueza esta en ver desde diferentes perspectivas que se puedan consensuar”, agregó.

Por otra parte, la próxima reunión de la Mesa de Líderes, de carácter ordinario, se llevará adelante en el mes de la juventud, donde la misma tendrá una nutrida agenda de actividades durante todo el mes. El encuentro se realiza en la sede del CEJ, ubicado en C. A. López 1.354 e/ Alejo García y Díaz de Solís.

Hay que recordar que el Proyecto de Ley "De Educación Superior Universitaria" fue presentado en diciembre de 2010 por el Senador Silvio Ovelar y el diputado Víctor Ríos, integrantes de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior, con el objetivo ordenar la creación y desarrollo de instituciones de educación superior (universidades e institutos superiores). En este momento, en el país existen 53 universidades públicas y privadas, además de 37 institutos de educación superior, a consecuencia de deficiencias de las entidades de control y evaluación de la calidad educativa, así como de los mismos parlamentarios.