El Gobierno da un mensaje contradictorio al hablar de transparencia, cuando al mismo tiempo organiza pactos partidarios y su bancada vota en contra del control en internas, asegura analista.
Para María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales, la clase política está dando un mensaje que demuestra que de alguna forma se quiere ocultar el origen de los fondos dudosos que van a financiar las campañas políticas sobre todo en las internas de los dos partidos tradicionales, ANR y PLRA.
Se refirió a los proyectos de leyes que han sido truncados en la Cámara Baja sobre Financiamiento Político y de publicidad de las declaraciones juradas, los cuales se estaban analizando mientras el presidente Mario Abdo Benítez estaba en reuniones cerrando pactos para las internas coloradas con el movimiento Honor Colorado.
Señaló que la actitud del presidente enseña un mensaje no muy claro “porque si se estaba definiendo el rumbo del país con dos propuestas legislativas que iban a avanzar en fortalecer el gobierno con relación a las políticas de transparencia, las alianzas que se van generando entre las fuerzas del Partido Colorado de alguna forma debilitan el discurso político de transparencia”, indicó.
Señaló que el gobierno se llena de contradicciones, ya que por un lado el Poder Ejecutivo habla de transparencia y por otro lado, desde las bancadas de Legislativo “se pretende ocultar el origen de los recursos para financiar una campaña política sobre todo teniendo en cuenta la gran sospecha que existe de que varios narcotraficantes financian la campaña de nuestros parlamentarios”.
Apuntó que el estudio del proyecto que se dio en una sesión el martes pasado en la Cámara Baja “era un momento importante para que se puedan dar señales políticas en forma positiva y de confianza en el sentido de querer desmontar estas protecciones hacia los narcotraficantes desde el parlamento”.
“Hay una fuerte sospecha hacia todos los movimientos, de todos los partidos”, dijo en relación a la existencia de fondos dudosos para el financiamiento de sus campañas proselitistas.
“Los casos específicos que llegan al sistema judicial corroboran eso”, aseveró y citó el caso del diputado Ulises Quintana, a quien ni si quiera sus colegas se animan a despojarle la investidura mientras guarda reclusión en un penal, e incluso habla de candidatarse a intendente de Ciudad del Este.
La abogada mencionó que con toda esta situación hay un desánimo generalizado con relación al gran retroceso que Paraguay tiene en cuanto a transparencia.
“El problema que se genera ahora y por eso se insistió tanto con la modificación de la Ley de Financiamiento Político y la aplicación de la trazabilidad es porque con el desbloqueo de listas las candidaturas van a ser más independientes y se teme que cada candidato pueda obtener un montón de recursos y que no tenga la obligación de justificarlos”, explicó.
Señaló que ahora “cada narcopolítico puede tener su candidato y estar financiando su campaña sin que esos fondos se puedan transparentar”.
Sin el control de los fondos el desbloqueo va a posibilitar mayor circulante de dinero de origen dudoso, sobre todo en las internas.
De esta manera acotó que para los políticos “no importa de donde vienen los fondos, lo importante es ganar un espacio en una lista para las elecciones generales”.
El bloque colorado con la ayuda de tres diputados llanistas hizo valer su propia mayoría y dio media sanción a un proyecto de modificación de la ley de financiamiento político que finalmente no servirá para obtener la transparencia del origen de los fondos que se utilizarán en las campañas políticas.
Cada narcopolítico puede tener su candidato y financiar su campaña sin controles.
María Victoria Rivas,
directora CEJ.
Fuente: Ultima Hora.
