OBJETIVO:

Contribuir al mejoramiento del sistema penitenciario y garantías de derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL) con el fortalecimiento de políticas de justicia articuladas con organismos del Estado y sociedad civil.

PRINCIPALES ACCIONES:

- Fortalecer la institucionalidad a nivel estratégico del Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

- Apoyar a la gestión intersectorial que incide sobre derechos de las personas privadas de libertad.

- Implementar un modelo para la aplicación de medidas alternativas a la prisión con enfoque de derechos humanos, con el involucramiento de la sociedad civil.

- Impulsar estrategias de formación y fortalecimiento de capacidades de actores claves del sistema penitenciario en garantías, mecanismos, herramientas de gestión con participación comunitaria.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Se trata de una acción que permite facilitar y apoyar los esfuerzos del Viceministerio de Política Criminal (VMPC) del MJ para la mejora de la gestión intersectorial en el ámbito penitenciario, en apoyo a la aplicación de medidas alternativas a la prisión con enfoque de derechos humanos, sumando a la sociedad civil y las comunidades para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad (PPL).

Por otra parte, se busca fortalecer el proceso de consolidación del Instituto Técnico Superior Penitenciario, en la revisión curricular y de un programa integral de formación, así como la realización de eventos educativos y de sensibilización dirigidos a operadores del sistema de justicia, agentes penitenciarios y ciudadanía para la mejora de políticas dirigidas a PPL.

La formación y los espacios de debate técnico político representan una oportunidad de conocer experiencias, buenas prácticas, aprendizaje entre pares agentes y promover la cultura de derechos humanos y sensibilización sobre la realidad penitenciaria, que influya en instalar alternativas a la prisión y el sentido del fin último de las cárceles como uso punitivo. 

El Proyecto “Acceso a justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad” es una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE).