El embajador de la Unión Europea en Paraguay, Javier García de Viedma, participó del seminario internacional “Desafíos para un Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria”, organizado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Ministerio de Justicia.

En la oportunidad, ratificó el compromiso del bloque que representa a favor del Estado paraguayo y las reformas que se propone alcanzar entorno al sistema penitenciario.

García de Viedma habló de la reivindicación de los DDHH de personas en situación de vulnerabilidad, como las personas privadas de libertad (PPL), y que eso constituye un desafío adicional a las políticas públicas.

Señaló que Europa fue siempre un precursor de los DDHH, tendencia que se expandió en todos los continentes, cuya agenda siempre giró entorno al ser humano.

Citó los ejes que los europeos tienen en cuenta en esa agenda, la promoción de los DDHH, igualdad de género, respeto a la diversidad, la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente.

Recordó que el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) de la Unión Europea busca cooperar con lograr el mejoramiento del sistema penitenciario mediante la cooperación estratégica en base a políticas públicas que contribuyan en el logro de los objetivos.

“Que importante es tener instituciones neutrales, transparentes, firmes y consolidadas”, dijo García.

En parte de su alocución sugirió que las instituciones competentes en lograr un mejor sistema penitenciario se unan para lograr mayor coordinación, y citó al Ministerio de Justicia, las instituciones que administran justicia, gobernaciones, municipalidades, y la sociedad civil en general.

El evento tuvo como objetivo fomentar un debate crítico y constructivo en torno a las capacidades institucionales, operativas y sociales necesarias para implementar efectivamente un nuevo modelo penitenciario en Paraguay, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

Las experiencias de los expertos permitió compartir conocimientos en temas como el acceso a la justicia en contexto a la gobernabilidad democrática, penas privativas de libertad y los avances en la ejecución penal, la política criminal del Estado y un modelo de gestión penitenciaria.

FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA

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