Con el objetivo de fortalecer la institucionalización de la mediación como mecanismo de acceso a la justicia, se realizó con éxito el Seminario Nacional de Mediación. La actividad fue organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y contó con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El evento reunió a especialistas y actores clave del sistema de justicia, con el fin de intercambiar experiencias y debatir sobre los avances y desafíos de la mediación en Paraguay.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. María Victoria Rivas, Directora Ejecutiva del CEJ, quien resaltó la relevancia del tema y su impacto en la sociedad. Asimismo, Rafael Ruipérez, Coordinador General de la AECID, expresó el compromiso de la agencia con el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
La jornada se estructuró en dos paneles temáticos:
ElPrimer Panel centró en los progresos logrados y los desafíos pendientes de la mediación en Paraguay como vía de acceso a la justicia. El Defensor General, Dr. Javier Dejesús Esquivel, destacó que “la mediación es una herramienta efectiva para descomprimir los tribunales”, subrayando cómo este método alivia la carga judicial y agiliza la resolución de conflictos. Mencionó que la Defensa Pública ofrece actualmente el servicio de mediación en 35 sedes con un equipo de 58 mediadores a nivel país, e incluso dispone de la línea telefónica 133 para orientar a la ciudadanía sobre la resolución alternativa de disputas.
También participó la Abg. Livia Cardozo Sánchez (CEJ) y la especialista Abg.Sonia Tellechea, quienes aportaron sus visiones. Cardozo repasó los avances normativos e institucionales de la mediación y señaló los retos para consolidarla plenamente como un mecanismo fundamental de acceso a la justicia, mientras que Tellechea compartió la evolución de la mediación en la cultura jurídica local, enfatizando la necesidad de seguir promoviendo esta práctica en todos los niveles.
En las conclusiones y recomendaciones de este panel, los ponentes coincidieron en la importancia de institucionalizar y fortalecer la mediación como política pública. Se incrementará la capacitación de mediadores y dotar de mayores recursos a los centros de mediación, así como fomentar una cultura de resolución pacífica de conflictos entre profesionales del derecho y la sociedad en general. Igualmente, recomendaron una mayor coordinación interinstitucional – entre el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público y organizaciones civiles – para integrar la mediación en los procesos judiciales de forma sistemática. El panel concluyó que afianzar la mediación redundará en un sistema de justicia más accesible, eficiente y orientado a la paz social, al reducir la litigiosidad y ofrecer soluciones consensuadas a las partes involucradas.
En el Segundo Panel abordó el uso de la mediación en el ámbito penal, analizando cómo la justicia restaurativa puede contribuir a la paz social. El Dr. Enrique Kronawetter, especialista en derecho penal, expuso el papel de la mediación penal como complemento al sistema tradicional, de stacando su potencial para centrar la justicia en la reparación del daño y la reconciliación entre víctima y ofensor, en lugar de enfocarse únicamente en el castigo. Por su parte, la fiscal Andrea Ríos compartió la visión del Ministerio Público, subrayando el impacto positivo de la mediación como herramienta clave para resolver ciertos conflictos penales de manera más humana y efectiva, logrando acuerdos que satisfagan a ambas partes y evitando juicios prolongados cuando sea posible. El Defensor Adjunto Penal, Abg. César Cañete Prette, resaltó las potencialidades de la mediación en el contexto penal, tales como la descongestión del sistema judicial, lo que implicaría mayor calidad de justicia para la ciudadanía, así como un ahorro de tiempo y costos para las partes involucradas.
A la vez, Cañete señaló que existen desafíos importantes para implementar la mediación penal, haciendo referencia a obstáculos legales, la necesidad de un cambio de mentalidad en los operadores de justicia y consideraciones sobre la participación voluntaria de las víctimas.
En las conclusiones y recomendaciones de este panel, se enfatizó que aprovechar las oportunidades de la mediación penal requerirá reformas legales y esfuerzos coordinados. Los panelistas recomiendan diseñar marcos normativos claros que permitan derivar casos penales a mediación en supuestos adecuados, asegurando en todo momento el consentimiento y la protección de las víctimas. Asimismo, abogaron por una colaboración interinstitucional más estrecha entre fiscales, defensores, jueces y mediadores para establecer protocolos de justicia restaurativa, junto con la capacitación especializada de estos operadores en técnicas de mediación penal. Otra recomendación clave fue sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de la mediación en delitos de menor gravedad o conflictos comunitarios, de modo que se genere confianza en estos métodos como vías para lograr la reparación del daño y la paz social. El panel sostuvo que la mediación penal, bien implementada, constituye un valioso complemento al sistema de justicia que puede ayudar a humanizar la respuesta penal, reducir la reincidencia y fortalecer la cohesión social.
El Seminario Nacional de Mediación se consolidó como un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel de la mediación en la construcción de una sociedad más justa y pacífica.
El evento contó con la participación de actores del sistema de justicia, mediadores y mediadoras, representantes de la comunidad jurídica, gremios profesionales y miembros de la sociedad civil, quienes reafirmaron su compromiso con la promoción de la mediación como herramienta clave para el acceso a la justicia.
