El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó los avances y desafíos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria durante la Tercera Jornada sobre el Sistema Penitenciario Paraguayo, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) en el marco del proyecto “Acceso a la justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”, financiado por la Unión Europea (UE).
La apertura del encuentro contó con las palabras de bienvenida de Miguel Varela, jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, quien destacó el valor de los espacios de debate y cooperación técnica para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Durante el primer panel, denominado «Sistema Penitenciario: Actualidad y proyecciones a futuro», el ministro Nicora compartió espacio con Elizabeth Flores Negri, coordinadora del proyecto por el CEJ, quien expuso sobre los aportes de esta iniciativa a cuatro años de su implementación. En su intervención, el titular del Ministerio de Justicia detalló las deficiencias del esquema tradicional, como el hacinamiento y la falta de clasificación, situando al Operativo Veneratio de diciembre de 2023 como el punto de inflexión para recuperar el control estatal en el actual Centro Nacional de Prevenidos e iniciar la reorganización integral del sistema.
En el marco de esta transformación, se incorporaron nuevos establecimientos, regímenes diferenciados, seguridad dinámica, tecnología para el monitoreo y la separación estricta por situación jurídica y nivel de riesgo. Asimismo, el enfoque de reinserción social contempla educación, formación laboral, atención psicosocial y preparación para el egreso, buscando brindar herramientas para la vida en libertad y reducir la reincidencia.
La jornada incluyó además un segundo panel enfocado en la «Protección de Derechos Humanos en el sistema penitenciario: Desafíos y avances pendientes», que reunió a destacados especialistas internacionales: Ana Cristina Rodríguez Yagu, catedrática e investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha (España); Carlos Alessandro, experto asociado de ILANUD; y Norma Colledani, coordinadora de la Sección de Políticas Públicas de la CIDH, quienes analizaron las mejores prácticas y recomendaciones para garantizar estándares internacionales de reclusión.
Entre las prioridades pendientes, el ministro señaló la necesidad de completar la separación de procesados y condenados, consolidar los tratamientos individuales, erradicar prácticas del antiguo esquema y extender progresivamente la transformación a los establecimientos que aún se encuentran en transición.
El Ministerio de Justicia sostiene una política penitenciaria basada en el control estatal, la legalidad, la dignidad y la reinserción, entendiendo que una gestión ordenada y segura constituye también una herramienta para la protección de la sociedad y la construcción de una seguridad sostenible.
FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA
