Este viernes 13 de febrero se llevó a cabo una mesa de trabajo entre representantes del Poder Judicial y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el objetivo de avanzar en la implementación gradual de la asesoría de prueba en el sistema penal.

La iniciativa busca mejorar el control y monitoreo de las personas sometidas a procesos penales, especialmente aquellas que se encuentran en libertad, semilibertad o bajo regímenes alternativos a la prisión preventiva. Para ello, se prevé sistematizar información relevante que permita a jueces y juezas contar con mayores datos al momento de tomar decisiones.

De la reunión participaron la Dra. Carolina Llanes, Ministra de la Corte Suprema de Justicia; la Dra. María Victoria Rivas, Directora Ejecutiva del CEJ; la coordinadora de la Oficina Técnica Penal, Silvana Luraghi; las juezas Sandra Kirchhofer y Rossana Carvallo; así como María José Bazán y Elizabeth Flores, en representación del CEJ.

La ministra Llanes explicó que la finalidad es iniciar con la estructura orgánica y los recursos humanos disponibles en el Poder Judicial, un plan gradual de implementación de la asesoría de prueba mediante la compilación de información propuesta por el CEJ. Asimismo, destacó el apoyo de la Unión Europea para el desarrollo del proyecto, que contempla costos asociados a consultorías y trabajos de investigación.

Sobre la asesoría de prueba:

La asesoría de prueba es una herramienta prevista en el Código Procesal Penal que aún no ha sido implementada. El plan contempla su puesta en marcha de manera gradual, utilizando la estructura y los recursos humanos existentes, con base en la propuesta técnica elaborada por el CEJ.

La actividad se realizó en el marco del proyecto “Acceso a Justicia y Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad”, una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) con el apoyo de la Unión Europea.