Trabajamos para …

…el cumplimiento de la misión establecida, por lo cual el trabajo del Centro de Estudios Judiciales gira alrededor de los siguientes ejes:

Acceso a la Justicia. La falta de acceso a la justicia es identificada en la actualidad como uno de los problemas que afectan en gran medida a la población más vulnerable de nuestros países. Para el CEJ el acceso a la justicia no debe ser visto simplemente como la posibilidad de resolver un conflicto concreto en una circunstancia específica de la vida ni puede abordarse únicamente como una cuestión ligada a la calidad del servicio de administración de justicia prestado por los juzgados y tribunales. Entendemos que la cuestión también debe ser necesariamente ligada a una tutela efectiva de los derechos es decir, al ejercicio pleno de la ciudadanía y consiguiente consolidación del Estado de Derecho. En esta perspectiva, entendemos al acceso a la justicia como la posibilidad de contar con todos los instrumentos que posibiliten al ciudadano una vida digna y una convivencia pacífica y tolerante. Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia estamos hablando de 1) Construcción de ciudadanía y, 2) fortalecimiento y construcción de sistemas democráticos de resolución de conflictos.

Reforma del Poder Judicial. Para el CEJ la necesaria reforma del Poder Judicial no obedece a una orientación meramente modernizadora, sino a la necesidad de seguir desplegando esfuerzos en procura de materializar el diseño constitucional del sistema judicial de modo tal que posibilite a la ciudadanía, contar con un sistema de administración de justicia eficiente, que le haga frente al abuso del poder, que efectivamente sea el primer referente a la hora de concreción de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, que le posibilite una pronta y efectiva resolución de sus conflictos y finalmente que contribuya significativamente a una convivencia armónica y pacífica entre todos los habitantes de nuestro país.

Institucionalidad para los Derechos Humanos. La exigencia de que los derechos humanos trasciendan de su proclamación normativa y discursiva exige construir institucionalidad para los derechos humanos. A nuestro entender, esta construcción implica por una parte, la formulación participativa de una política pública socialmente concertada que enmarcada en el principio de universalidad de los derechos humanos, contemple acciones diferenciadas para grupos en condiciones de vulnerabilidad; y, por otra parte implica, el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado Paraguayo, para cumplir con sus obligaciones de garantizar el respeto, protección y cumplimiento de todos los derechos humanos en términos de proporcionar al ciudadano la disponibilidad de los mecanismos efectivos ante todo tipo de autoridades para hacer valer los derechos humanos y de generar la capacidad ciudadana de ejercer y exigir sus derechos.

Lucha contra la Corrupción. La corrupción, desde nuestra perspectiva no es principalmente una cuestión de moral pública, la entendemos más bien como un gravísimo obstáculo para la plena vigencia de los derechos humanos, fundamentalmente porque la corrupción incide en el nivel de calidad de vida, impide la concreción de derechos elementales como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y el acceso a la justicia, por cuanto la circunstancia de que los recursos del Estado se desvíen para fines particulares, determina que los proyectos de inversión y desarrollo y de lucha contra la pobreza, lejos de cumplir con sus objetivos agrandan cada vez más la enorme brecha entre ricos y pobres.

Participación ciudadana. En esta búsqueda de ciudadanía plena, debemos remarcar que la ciudadanía no puede ser concebida como una concesión del Estado hecha de favor y con carácter tutelar sino más bien como portadora de derechos y deberes, pero esencialmente, como creadora de derechos y generadora de importantes transformaciones. En este contexto consideramos necesario impulsar y fomentar la participación directa de la ciudadanía en el proceso de adopción de las decisiones de interés público, a fin de lograr una efectiva correspondencia entre la decisión estatal y sentir de la sociedad.

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