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Crisi en el Sistema de Justicia

HITOS POLÍTICOS E HISTÓRICOS RELACIONADOS AL SISTEMA JUDICIAL DE PARAGUAY

Desde el Centro de Estudios Judiciales presentamos este segmento que pretende ir registrando la historia de construcción de un modelo de justicia sobre la lectura de los hitos políticos e históricos relacionados al sistema judicial de Paraguay, desde el año 2003 hasta la actualidad, en el 2012.

Desde el enfoque de las líneas políticas de gobierno, se parte desde el periodo de presidencial del Partido Colorado, vigente en el año de nacimiento del Centro de Estudios Judiciales (2007). El análisis continúa hasta la crisis generada por la resolución del Senado que dispone la vacancia de siete ministros de la Corte Suprema de Justicia, en el 2012, el con el Frente Guazú en el gobierno.

Pese al cambio de partido en el gobierno, el reclamo de reforma judicial sigue siendo respondido de manera similar desde el ámbito político. Por esta razón el Centro de Estudios Judiciales impulsa un Pacto Social Por la Justicia en forma articulada con organizaciones civiles del ámbito de la justicia, el Colegio de Abogados del Paraguay y el Colegio de Escribanos del Paraguay.

Periodo 2003-2008

Gobierno de Nicanor Duarte Frutos (Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado)

Como punto de partida, tomamos en cuenta el gobierno vigente en el año de nacimiento del Centro de Estudios Judiciales (2007), gobierno de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado desde en el año 2003 hasta el año 2008. Dentro del esquema de propuestas de Duarte Frutos, se recuerda la promesa electoral de “pulverizar la Corte” del que toda la ciudadanía fue testigo, luego del antecedente del Pacto de Gobernabilidad instalado como hecho consumado por el gobierno que antecede al de Nicanor, el del Ingeniero Juan Carlos Wasmosy ( Wasmosy anterior a Nicanor Duarte Frutos, asume la Presidencia en medio de un halo de sospecha de fraude electoral en las internas de su partido sobre el Dr. Luis María Argaña, ex Ministro de Corte y alto funcionario judicial durante la Dictadura de Alfredo Stroessner, asimismo, posteriormente aparece en la primera sentencia contra Paraguay por violación de Garantías Judiciales en el ámbito interamericano, en contra del Ingeniero Ricardo Canesse)

En el año 2003, se produce una nueva crisis entre los Poderes del Estado,  a partir de que el Presidente  de entonces Dr. Nicanor Duarte Frutos, se consigue una alianza para cambiar a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia paraguaya. El Presidente logró un acuerdo político entre los partidos políticos con representación parlamentaria y se inició el proceso de destitución de los mismos, por la vía del juicio político.

Dentro de ese acuerdo político, el escrito de acusación fue firmado por los líderes de bancadas en la Cámara de Diputados y sumadas, contenía unas veinte causales  de destitución para los Ministros del Poder Judicial.

Ante la inminencia del juicio político, renuncian los Ministros de la Corte Suprema Prof. Dr. Jerónimo Irala Burgos y el Prof. Dr. Raúl Sapena Brugada. Posteriormente renuncian los Ministros Prof. Dr. Felipe Santiago Paredes y el Prof. Dr. Luis Lezcano Claude, por lo que únicamente los Ministros Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Avalos (ambos de origen del Partido colorado) decidieron enfrentar el juicio político.

El 12 de diciembre de 2003, se dictó la Resolución Nº 134, y se resolvió declarar culpable y en consecuencia separar de su cargo de Ministros de Corte a los Doctores Bonifacio Ríos Avalos  por mal desempeño de sus funciones.

Contra dicha Resolución el Dr. Bonifacio Rios Avalos presentó una acción de inconstitucionalidad el 26 de diciembre de 2003, pendiente de resolución. Una acción de inconstitucionalidad promovida por el Dr. Bonifacio Ríos Avalos, contra la Resolución Nº 122 dictada por el Parlamento-Reglamentando el Procedimiento para el juicio político (ante la ausencia de una Ley Reglamentaria).

Tanto el Dr. Bonifacio Ríos Avalos como el Dr. Fernández Gadea se presentaron como peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fecha 13 de noviembre de 2003 la Comisión se ha pronunciado a través del Informe Nº 47/09 –Petición 969/03, decidiendo declarar admisible la petición, continuando con el análisis de fondo del asunto.

Periodo 2008-2013
Gobierno de Fernando Lugo Méndez (Frente Guazú)

En marzo del año 2006, el entonces obispo Fernando Lugo, actual Presidente de la República, impulsó la organización denominada Resistencia Ciudadana, que agrupó a los principales partidos políticos de la oposición, sindicales y más de un centenar de asociaciones civiles contra la Corte Suprema de Justicia, por una acción considerada anticonstitucional, que favorecía al entonces presidente Nicanor Duarte Frutos a candidatarse en un partido político.

Al candidatarse políticamente para el cargo de presidente de la república, uno de los principales argumentos de la campaña proselitista de Fernando Lugo fue la renuncia o destitución de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.
Luego de las elecciones generales del 20 de abril de 2008, que le dieron la victoria a Fernando Lugo, su gobierno inició una campaña que planteaba la renovación en la justicia como un cambio de hombres y mujeres en los puestos de autoridad en el sistema judicial.

En fecha 12 de abril del año 2012, la Cámara de senadores de Paraguay, dictó la Resolución Nº 824/2012, por una mayoría simple, logrando los partidos políticos: PLRA, PUNACE, Partido Patria Querida y Tekojoja,  declarar vacantes los cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia designados por Resolución  Nº 161 de fecha 15 de marzo del año 2004, Doctores Raúl Torres Kimser,  Sindulfo Blanco, Miguel Oscar Bajac Albertini, César Antonio Garay Zuccolillo, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Antonio Fretes y Victor Manuel Nuñez.
Con esta Resolución el Senado reaviva el conflicto y se vuelve sobre los puntos en que se centra la crisis. 1) Facultad del senado para no confirmar Ministros. 2)  el tema de la inamovilidad de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos puntos ya fueron resueltos por la Corte Suprema de Justicia en instrumentos dictados a través de los Acuerdos y Sentencias  Nº 557/2007, Nº 1149/2008; Nº 37/2009; Nº 443/2009 y la Resolución Nº 1924/2009. Con estas determinaciones, la Corte Suprema de Justicia, interpretó la Constitución Nacional y se ratificó que los Ministros son inamovibles desde el primer concurso y cesarán en sus funciones a la edad de 75 años.

El senado de la Repuública se mantuvo firme en su posición de la “no confirmación” y la Corte ha dictado una Resolución por la cual desconoce y descarta de validez jurídica a la Resolución  emitida por el senado, postura que fue comunicada al Presidente del Senado y al Consejo de la Magistratura, órgano encargado del Concurso público de oposición para integración de ternas vacantes.

La Corte Suprema de Justicia indicó, comunicado de por medio, la posibilidad de denuncia ante los organismos Internacionales  y solicitó al Presidente de la República la intermediación de la OEA y la aplicación del Capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana.

En histórica sesión abierta del 23 de abril de 2012, el Consejo de la Magistratura declaró que no hay vacancia en la Corte Suprema de Justicia, aplicando el artículo 34 de su reglamento, que establece que el presidente de la máxima instancia judicial es el que debe comunicar al Consejo si hay vacancia o no en su seno. El organismo decidió comunicar su decisión a los tres poderes del Estado.

Pese a la decisión asumida por el Consejo de la Magistratura, tanto el senador Miguel Abdón Saguier como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, anunciaron que comunicarán todo lo ocurrido a la Organización de Estados Americanos. Por su parte, la Corte Suprema, vía Poder Ejecutivo, ya remitió los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Participación del Centro de Estudios Judiciales en el Proceso

El CEJ planteó la premisa de que el cambio de modelo o reforma judicial es una decisión que debe ser abordada por el sector político. De hecho, la primera acción al respecto se realizó en etapa pre electoral, partiendo de un debate entre candidatos presidenciales organizado por la institución.

En ese enfoque, se realizó un sondeo enfocado en la percepción de referentes de la comunidad jurídica nacional sobre métodos de selección de ministros.

El punto de partida de propuestas para un cambio de modelo de justicia fue muy puntual para el cambio de modelo en despachos civiles, para descongestionar los juzgados. La misma estaba inserta en una nota sobre la deficiencia del sistema de justicia.

Paralelamente, el CEJ fue desarrollando un discurso político para el cambio de modelo de justicia, lanzando un comunicado sobre “Los 10 puntos urgentes para una reforma judicial profunda en Paraguay”. Este discurso tuvo eco en los medios de comunicación, desde agosto de 2008 hasta la actualidad.

Luego de un año de socializar su propuesta de cambio de modelo, la Honorable Cámara de Senadores de Paraguay invitó al Centro de Estudios Judiciales a una primera reunión donde lanza la propuesta de una “Agenda País para la Renovación del Poder Judicial”, a cargo de representantes de la Cámara Alta y de la sociedad civil. La institución fue invitada a formar parte del Equipo Técnico Jurídico que llevará adelante las propuestas.

En la nueva crisis generada en el año 2012, a partir de la resolución del Senado de dejar vacantes 7 cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) se entra impulsando un Pacto Social Por La Justicia, en conjunto con otras organizaciones civiles del ámbito judicial: el Colegio de Abogados del Paraguay y el Colegio de Escribanos del Paraguay. La propuesta es articular a la sociedad para avanzar hacia la profunda reforma judicial que el Paraguay necesita.

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