El
lunes 2 de junio, la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema
de Justicia firmó un convenio de cooperación con el Centro de Estudios
Judiciales (CEJ) para la protección y aplicación de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de todas las personas. Fueron
firmantes la abogada Nury Montiel, directora de la Dirección de DDHH y
la Dra. María Victoria Rivas, directora del CEJ.
Los instrumentos de protección de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales – DESC, constituyen normas obligatorias para los Estados
ante cuyo quebrantamiento las personas pueden acudir ante el sistema de
justicia, que incluye al poder judicial paraguayo hasta instancias
internacionales como la Comisión Interamericana de DDHH –CIDH- con sede
en Washington DC, y la Corte Interamericana de DDHH, con sede en san
José, Costa Rica.
En virtud de los Tratados ratificados por el Paraguay, se compromete
nuestro Estado a promover y proteger la amplia serie de derechos
económicos, sociales y culturales, como los relativos al trabajo en
condiciones justas y favorables, a la protección social, a un nivel de
vida adecuado, entre otros.
Sin embargo, el Estado paraguayo aún no ha implementado plenamente
estos instrumentos internacionales ratificados. La abogada Nury Montiel
cree que esta es una tarea a emprender en conjunto con la sociedad
civil. “Estamos en una época de alianzas, porque ni el Poder Judicial
solo ni la sociedad civil sola pueden llegar a los objetivos que
conjuntamente pueden lograr. Solo en alianza con la sociedad civil el
Poder Judicial podrá implementar su política de derechos humanos”.
A través del convenio firmado con el CEJ, se iniciará la elaboración de
un Manual de Procedimientos a partir del cual se capacitará a
magistrados de todo el país, con el objetivo de que integren los
derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus sentencias.
Más sobre los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
Los derechos mencionados tienen su fundamento en la dignidad de las
personas y están vigentes a través del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, un tratado de carácter jurídico
vinculante a los derechos proclamados en la declaración de derechos
humanos, que entró en vigor en 1976 y es ley paraguaya Nº 4 del 9 de
abril de 1992, que obliga a respetar y garantizar el ejercicio por
todas las personas sometidas a su jurisdicción, sin discriminación.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
firmada en San José de Costa Rica, instituyó en un sistema de
protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley del
Paraguay Nº 1/89.
También existen regionalmente una serie de
instrumentos que protegen a las personas sujetas a la jurisdicción de
los estados del continente, como el Protocolo Adicional a la convención
Americana sobre DDHH sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales o
Protocolo de San Salvador.
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