CEJ lanzó recomendaciones para un plan de seguridad pública
miercoles 20/Feb/2008

Ante el incremento de hechos delictivos que amenazan la seguridad pública y la calidad de la democracia, la Dra. María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales, lanzó recomendaciones de aspectos que deben contemplar un plan de seguridad pública en el país.

Mra. Victoria Rivas - Directora del CEJ

La reorganización de la policía nacional, la prevención de delitos, la reforma del sistema penal juvenil y el mejoramiento del régimen penitenciario son factores señalados por la Dra. Rivas, para la elaboración de una política de seguridad pública nacional. La declaración se hizo en el marco de recomendaciones lanzadas por el Centro de Estudios Judiciales ante la ola de inseguridad que recrudeció en los últimos meses en el país y de la cual se hizo eco la prensa.

“Frente al significativo aumento del delito y a la enorme complejidad que fueron adquiriendo ciertas modalidades propias de la criminalidad compleja, el sistema de seguridad pública de nuestro país ha colapsado” sostiene la Dra. Rivas, directora del CEJ.

Los problemas principales visualizados por el CEJ en materia de seguridad pública del país son la burocratización y falta de profesionalismo policial, la falta de coordinación entre los sistemas de seguridad (policías, fiscales), el atraso de la justicia penal, la descomposición de todo el sistema carcelario, la ausencia de políticas de control de armas, la ausencia de planes coordinados de prevención del delito. “Se trata de todo un sistema institucional que debe ser reorganizado desde sus bases” sostiene la Dra. Rivas.

Entre las acciones urgentes a emprender, la Dra. Rivas señala el desarrollo de indicadores de criminalidad, basados en las estadísticas policiales, que permitan elaborar un plan de prevención del delito y una distribución más racional de los recursos de la policía. También es importante rescatar y coordinar los esfuerzos iniciadas en forma aislada por las instituciones del Estado y de la sociedad civil, incorporar a la policía urbana en planes concretos de prevención entre los municipios y la policía.

“En democracia, la seguridad pública es una situación social libre de riesgos y conflictos, en donde las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus derechos y libertades”, aclara la Dra. Rivas.

Un sistema institucional de seguridad pública se relaciona con subcomponentes del sistema judicial que permiten, mediante sistemas de prevención o persecución penal, generar mecanismos y acciones tendientes a controlar los riesgos o conflictos que vulneran los derechos y libertades de las personas.

Lea la publicación de recomendaciones del CEJ en la prensa

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