Ante un nuevo escándalo que envuelve a un integrante del más alto tribunal  de la República, el Centro de Estudios Judiciales propone a las autoridades políticas del país avanzar hacia una profunda reforma en la estructura del funcionamiento del Poder Judicial y recuerda al Poder Ejecutivo el compromiso asumido ante la ciudadanía  de llevar adelante la “renovación de la justicia”. Hoy es necesario dar un paso más  profundo en pos del programa constitucional sobre el Poder Judicial que permita sentar las bases de un marco institucional más eficaz en la preservación de la independencia judicial.

También es tiempo de avanzar en la democratización interna del Poder Judicial, que lo dote de mejores instrumentos para cumplir con el servicio de administrar justicia, de modo que su legitimidad se funde en una confianza sustentaba de su trabajo y en el reconocimiento de su imparcialidad.

La sociedad en su conjunto  debe hacer el esfuerzo para instalar las mínimas condiciones de la vida democrática. Debemos lograr que el Poder Judicial se coloque del “lado del ciudadano”, velando que sus derechos no le sean arrebatados o disminuidos por el ejercicio de los otros poderes o por la privilegiada situación de los más poderosos.

El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) juntamente con otras organizaciones de la sociedad civil han presentado propuestas concretas de un nuevo modelo de funcionamiento que establece bases institucionales renovadas para el Poder Judicial. Es por eso que, en el contexto actual, instamos a los tres poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto a avanzar hacia un gran acuerdo nacional para la renovación de la justicia en nuestro país.

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