Presentación

Los derechos económicos, sociales y culturales, consisten en los derechos que son de y para la sociedad, se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad inherente al ser humano.

Considerando a los derechos humanos desde una perspectiva integral, sus características generales se aplican a todo tipo de derechos (civil, político, económico, social y cultural), y aquí se pueden mencionar las características de universalidad, inalienabilidad, inembargabilidad, irrenunciabilidad, integralidad, interdependencia e indivisibilidad.

Puede considerarse que los derechos económicos, sociales y culturales requieren una mayor acción positiva del Estado, o un estudio más profundo desde la formación e implementación de las políticas públicas; no obstante, ello no alcanza a justificar características propias para los derechos económicos, sociales y culturales.

El principio pro persona, relativo también a los DES, es medular e ineludible cuando un órgano administrativo o judicial, tiene que interpretar y aplicar un instrumento a un supuesto caso de violación de los derechos humanos.

Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión individual y otra colectiva; esta última dimensión obliga a readecuar algunas de las características, y la evolución jurídica permite identificar el principio pro sociedad, que da respuesta al aspecto colectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Este principio pro sociedad representa la evolución progresiva del principio pro persona cuando los derechos se interpretan en clave social.

Cada Estado debe garantizar de acuerdo a sus posibilidades socioeconómicas, programas para avanzar de manera constante y gradual a la realización completa de estos derechos, encontrándose además obligado al respeto de los derechos económicos, sociales y culturales independientemente de su nivel de desarrollo económico por lo que deben incluir el reconocimiento de estos derechos dentro de su ordenamiento jurídico así como proveer de mecanismos adecuados, para hacerlos justiciables.

A pesar de la igualdad de jerarquía, entre los derechos civiles y políticos y los DESC, estos últimos son conocidos (lamentablemente) como derechos de segunda categoría o generación. Dicha clasificación nació con un anhelo pedagógico; sin embargo, con el correr del tiempo contribuyó a construir distinciones ficticias entre ambos tipos de derechos, que han relegado el nivel de protección y desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. En la actualidad dicha clasificación carece de fundamento teórico, pues al considerar a los derechos humanos como una integralidad e indivisibilidad en el ejercicio de éstos, carece de sentido práctico, referirse a ellos como subdivididos por generaciones.
Se ha pretendido establecer diferenciaciones entre unos y otros derechos en razón de la carga asumida por el Estado en cada caso. Se procuró así demostrar que los civiles y políticos requieren del Estado la simple omisión de conductas dañosas, en tanto los económicos, sociales y culturales imponen acciones positivas.

Sin embargo ello no es así, puesto que derechos como la vida le exigen al Estado no sólo abstenerse de su menoscabo, sino también garantizarlo mediante una legislación adecuada, un programa de seguridad efectivo, e incluso la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales que posibiliten una vida digna; por lo cual resulta evidente que también se puede violar derechos civiles o políticos por omisión.

En sentido contrario, el derecho al trabajo le exige al Estado adoptar las medidas tendientes a garantizarlo y promoverlo, lo que importa, simultáneamente, abstenerse de llevar a cabo aquellas políticas cuyas consecuencias tiendan a disminuir las condiciones laborales o generen desocupación.

También se expresa que los derechos civiles y políticos implican obligaciones de resultado, y los económicos, sociales y culturales imponen obligaciones de medio, para lo cual los Estados deben poner en marcha las medidas que fueren necesarias para hacerlos efectivos, en función de los recursos disponibles, sin asumir compromisos en la obtención del fin. Ello da lugar a cierta idea de derechos de carácter programáticos, dicho de otro modo, no exigibles en forma inmediata.

Nuevamente nos encontramos frente a una distinción falsa: lo expresado no puede entenderse como la ausencia plena de obligaciones inmediatamente exigibles a los Estados cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales. La obligación radica justamente en la puesta en marcha en forma inmediata de políticas públicas serias que efectivamente tiendan a alcanzar la mayor protección posible de derechos como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el trabajo, que posibiliten una mejora continua en las condiciones de existencia.

La negación de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, sostenida por las posturas más conservadoras de teóricos y teóricas dentro del derecho internacional de los derechos humanos, ha contribuido (aunque no de mala fe) a la infravaloración de aquellos.

Finalmente, se debe enfatizar que al interior de los Estados, la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (y de todos los derechos humanos) debe ser siempre mayor que a nivel internacional: a las obligaciones internacionales se suman los derechos y mecanismos que consagra la constitución nacional, las leyes internas y otras normas vigentes dentro del país; y así como un Estado no puede alegar su derecho interno para incumplir con una obligación internacional, nada de lo dispuesto en una norma internacional de derechos humanos puede ser interpretado en el sentido de menoscabar la protección mayor de un derecho en virtud de otra norma internacional o del derecho interno.

Elodia Almirón - Nury Montiel